index . . viejo index . . DIPSyOH . . Codigo . . LRurbana . . LRnavegable . . LRrural . . 7 Fiscalia de Estado . . 8 Dir Geodesia . . 9 Autoridad del Agua . . 10 MIVSPBA . . 11 Gobernador . . 12 notas de aprecio . . 13 balance jornadas . . 14 Merbilhaa . . 15 Glosario Dr. Cano . . 16 Regimen dominial . . 17 Proced. Cano . . 18 CA 10662 Sol de Matheu . . 19 traslado Fiscalia . . 20 respetos legales . . 21 escenario anegamientos . . 22 APC Mateo . . 23 audio Asamblea APC . . 24 calle Oliden . . 25 Cartas Doc MIVSPBA . . 26 Amparo Sol de Matheu . . 27 Apelacion . . 28 Fallo . . 29 CD AdA . . 30 CD Pilar . . 31 DIA Ayres . . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . CDoc Valdi . . 37 aclaratoria . . 38 . 39 . queja en SCJN . . 40 . 41 carta Doc Alvarez Rodr . . 42 Arts. 2340 y 2577 del C.C . . 43 Art 18 Ley 12257 . . 44 impugn Art 18 Ley 12.257 . . 45 impugn art 18 Dec 3.511 . . 46 impugn Art 18 Res 705 . . 47 nutrientes jurisprud . . 48 1 amplia declaratoria . . 49 anteced dominial . . 50 2 amplia declaratoria . . 51 . 52 . responde al AGG . . 53 Hidrologia . . 54 problemas riberenos . . 55 acaso . . 56 propuesta . . 57 admision B67491 . . 58 B67491(a) . . 59 B67491(b) . . 60 B67491 (d) . . 61 parentescos . . 62 plan maestro . . 63 nucleo urbano . . 64 . art59 . . 65 . 66 . 67 . hidrolinea . . 68 . Ley particular . . 69 Politica del agua . . 70 . observaciones . .

QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO

Exp N° 71193 en la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires “DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS”

Trib de origen Exp N° 10662 Juzg Contencioso Administrativo Nº2, La Plata

Apelación en la H Cámara Exp Nº 10808

En la Excma Suprema Cortede Justicia Prov de Bs As Exp Nº 71193

 

Carácter del Presentante: Actor

De Amorrortu Francisco Javier

Letrado Patrocinante: Arabehety Ignacio Sancho CPACF T 40 F 47

 

Decisión recurrida: Sentencia de la E.SCJPBA denegando recurso extraordinario federal expresada en la RESOLUCION REGISTRABLE Nº 28 del 2 de Marzo de 2011 y notificada el 11 de Abril del 2011 (Ver por Anexo 1)

 

Presentación: Depósito art 286 CPCCN. Esta acción carece de contenido patrimonial y está fundamentada en normas de raigrambre y trascendencias ambientales. Por analogia con lo dispuesto en el art 20, ley 13928 dispone que la acción de amparo esté exenta del pago de tasas por servicios judiciales; situación parangonable nos acerca el art 32, ley 25.675 que dice “el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”. La ley 26.361 modificatoria de la ley 24240, entre las modificaciones que introduce en el articulo 28 refiere a la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios,los beneficios de la justicia gratuita. El art 28, ley 26.361 dice así: Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. Asi solicito se me exima de depositar la previsión del art. 286 del CPCC.

 

Copias requeridas de: la Resolución de la SCJPBA del 2/3/11 por ANEXO I

De la que emana de la H. Cámara de Apelaciones del 31/8/10 por ANEXO II

De la que emana del JCA Nº2 de La Plata del 5/5/10 por ANEXO III

Del escrito interpuesto en SCJPBApor ANEXO IV

De los artículos de las leyes provinciales mentadas en el Objeto ANEXO 5

La notificación fue firmada en mesa de entradas el mismo día 11/4/11

 

Vengo a solicitar se aclare la sentencia recaída, pues adolece de las faltas que se enumeraran y causan agravio a esta parte, todo elloconforme lo dispone el art. 285 del CPCCN., Declaran abstracta una sola de las cuestiones planteadas en la 1ª presentación que ni siquiera necesitó de reiteraciones pues se cayó sola hace ya 3 años, deviniendo abstracta sin esperar el juicio final; y sin embargo, dejaron sin resolver, ni prestar la más mínima atención axiológica, de existencia y de esencia a una decena de agravios expresados con crecidas reiteraciones, omitiéndolos a pesar de ser mucho más trascendentes que la abstracción mentada en sentencia triplicada. Así, el OBJETO apunta a la falta de completividad de la sentencia, pues al ignorar la resolución que cabe a todos y cada uno de los agravios una y otra vez reiterados, ha violado el art 41 de la CN; los arts. 2º inc , b, d, e, g y k; art 4º; art 8º, par 1, 2, 3; art. 10º, inc a, b, c, d y e; art 11 a 13 y art 19 a 21 de la ley nac 25675; los arts 3º y 5º, inc a, b, d, f,de la ley nac 25688; el art 28 y 168 de la CP; los art 5, 6, 8, 10 al 23, 39 inc a, b y f; art 45 y 46 de la ley prov 11723;art 59 de la ley 8912; art 3º y 5º del dec 11368/61;art 4º, ley 6253; art3º inc c de la ley 6254 y el art 101 de los dec 1359 y 1549, regl. de la ley 8912.

 

Agravios reiterados, pendientes de resolución y opinión

a) los agravios que pesan en la Resolución 354 de la AdA cuya solicitud de impugnación nunca fue atendida en ningún sentido, ni por la Jueza Logar del JCA Nº 2 de LP, ni por la Hon. Cámara de Apelaciones, ni por la Excma. Suprema Corte Provincial. Ver carátula de la presentación del día 22/3/07 a f 76 impugnándola ya en su título: HACE SABER e IMPUGNA DEMARCACIONESAPROBADAS por la RESOLUCIÓN 354 de la A.d.A., motivo por el cual la Jueza Logar recaratula 7 días más tarde toda la causa (f 89). Ver f 76 vta el resalte que hace la Jueza Logar en las dos primeras líneas del escrito, probando su conciente identificación de este preciso agravio planteado.

En el petitorio a f 85 de aquella presentación del 22/3/07, se solicita tener presente que amén de estos nuevos agravios expresados, la demanda se ampliará aún más.

A f 90, con motivo de adjuntar documental de contemporáneas inundaciones de los predios afectados al proyecto y de sus vecinos Ayres del Pilar, La Lomada del Pilar y el conocido Barrio Los Sauces (causa B 67491 en SDO de SCJPBA), se reitera un 13/4/07 esta misma solicitud de impugnacióna la Res 354 de la AdA.

A f 123 del 26/9/08 reitero el petitorio de dos años atrás: “Se asistan las controversias que versan sobre las limitaciones del dominio y expropiaciones”. Reitero la impugnación a la Res 354 de la AdA y reitero innumerables criterios hidrológicos cuantitativos puntuales para esta zona del valle de inundación.

A f 124 vta vuelvo a insistir en esta impugnación de la Res 354 de la AdA.

b) Los agravios que pesan en la ausencia de las cesiones exigidas por el art 59 de la ley 8912 y recordadas a los emprendedores por los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y restricciones de la AdA a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, Ver petitorio de la primera presentación: Se reconozca el derecho, los intereses tutelados y la declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo que, claramente inubicable, aparece en todas las Resoluciones Hidráulicas denunciadas, regalando arbitrios imposibles;y se resuelvan las controversias que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones

c) Los agravios que pesan en los indebidos aprecios a las restricciones mínimas impuestas por el art 5º del dec 11368, reglamentario de la ley 6253

d) Los agravios que pesan desde hace más de 10 años en la falta de determinación de cota de arranque de obra permanente según lo exige su art 4º al municipio

e) Los agravios que pesan en la ausencia de declaración de excepcionalidad con carácter de "necesidad imprescindible" inscriptas en los Planes Reguladores Municipales, para darse a procesos de "saneamiento", ver art 3º del mismo decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253 y art 3º inc c de la ley 6254.

f) Que a su vez estos mismos anteriores considerandos fueron reafirmados por el art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.

g) Los agravios que pesan en las corridas de caudales planteadas para eventos muy por debajo de los criterios que fundan hidrología urbana. Y que en este caso muy en particular en Suprema Corte sabrán apreciar pues a escasos metros de estas áreas está planteada la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias, con rigores hidrológicos ligeramente menores esta última, pues se encuentra aguas arriba.

h) Rigores que descalifican los puentes proyectados y que por segunda vez, por los tiempos transcurridos, han caído sus autorizaciones para obrar.

i). Los agravios que pesan en la ausencia de la audiencia pública descalificando todo el eje del proceso ambiental en su existencia y en su esencia.

j). reiteración de agravios sin resolución en las tres instancias .

 

Art 168, Constitución Prov. - Los tribunales de Justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.

 

Esa Materia, al presentarse el 28/12/2005 decía así: Se reconozca el derecho, los intereses tutelados y la declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo que, claramente inubicable, aparece en esta acta de preacuerdos, así como en todas las Resoluciones Hidráulicas denunciadas, regalando arbitrios imposibles; y se resuelvan las controversias que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

Estos términos aparecen reproducidos en el primer folio del objeto de la causa que en 3 oportunidades pidió la Jueza Logar del JCA Nº2 LP se le aclararan.

Son de resaltar las dificultades que expresara la Jueza Logar en oportunidad de recibir lademanda un 28/12/05, solicitando a f 29 un 7/2/06 le precisara el Objeto de la misma. Que luego fue reiterada por 2ª vez un 29/3/06 (f 31). Y aún una adicional 3ª vez el 18/4/06 (f 37), sin nunca precisar ella misma, cuáles eran sus dificultades.

Ya había sido justificada en la Res 574/08 de la SCJPBA mi intervención en la causa B 67491 porque “lejos de entorpecer u obstaculizar el funcionamiento de la justicia, podría aportar elementos de valoración para el Tribunal en una causa que presentaba una complejidad fáctica poco usual”.Esta causa 71193 es hermana hidrológica.

Mis trabajos en comunicación, en presentaciones judiciales, en asesoramiento técnico y legal sobre desarrollos de criterios en hidrología urbana y de fenomenología termodinámica de planicies extremas mostrando la obsolescencia de la ciencia hidráulica, no han cesado de crecer. Nunca he solicitado ni aceptado un cospel por ello.Este es mi presente al único actor que no reconoce obligaciones y sólo ostenta derechos. No es un homenaje al sistema procesal, sino al Sr Ambiente. Excluyo todo exceso ritual y comparto el criterio que con énfasis reitera que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal

Respecto de mi inexperiencia en temas procesales, así como fueron creciendo mis asesoramientos a letrados, así fui recibiendo ayuda de nuevos letrados patrocinantes. En los últimos 3 años esta causa estuvo patrocinada por un letrado especialista en derecho procesal, que reconocía amistad y trato diario con otro de mayor edad para entre ambos sumar 90 años en la materia. A este último debo la estructura de la apelación a SCJPBA a f 223.

Si con semejantes aportes en originalidad, laboriosidad y desinterés personal mis presentaciones adolecen de tan insuperables fallas que ni siquiera merecen atención de respuestas en sus sentencias, pues entonces queda acreditado que el dios de los sistemas prima en las formas para impedir que el Sr Ambiente prime en sus esencias; las únicas vitales que animan a perforar las pirámides burocráticas en forma horizontal. Presente y futuro de toda desinteresada comunicación en defensa de bienes difusos.

A estos desinteresados esfuerzos preventivos que en Justicia llevan 5,5 años y en administración más de 12 años (la 1ª carta doc al respecto es del 29/1/00), se responde diciendo que la cuestion ha devenido abstracta por cuanto el acto administrativo de un preacuerdo no se completó; pero la realidad es que se denunciaron y aparecen fáctica, axiológica y esencialmente confirmados los 10 agravios ya consignados.

A f 120 contesto un 26/9/08 la respuesta de Fiscalía; señalando a f 121 en cuerpo 18 resaltado en negrita, que el ambiente, por ese acto que se presumía No Definitivo,YA HABIA SIDO DAÑADO

A f 122 reitero el memorial de antecedentes legislativos violados por esas obranzas de Ayres Norte o ex Sol de Matheu, que bien logran verse por el Google Earth desde hace más de 5 años. Y que en el caso de su par comercial Ayres del Pilar les hube denunciado esas mismas faltas por Carta Doc Nº 30.722.638 1 AR un 29/1/00, hace ya 11 años. Ver por http://www.lineaderibera.com.ar/linea11t.html

A f 123 del 26/9/08 reitero el petitorio de dos años atrás: “Se resuelvan las controversias que versan sobre las limitaciones del dominio y expropiaciones”. Reitero la impugnación a la Res 354 de la AdA y reitero innumerables criterios hidrológicos cuantitativos puntuales para esta zona del valle de inundación.

A f 124 vta vuelvo a insistir en esta impugnación de la Res 354 de la AdA.

Nunca estos agravios reiterados en cada presentación que siguió a la primera durante 5 años, fueron considerados por ningún Tribunal de Justicia, para siempre hacer incapié en 6 palabras de una línea de la carátula de la primera presentación.

El acta del preacuerdo tan mentado para fundar abstracción cayó por su propio peso de dislates. Quien tenga la paciencia de recorrer mis escritos advertirá que jamás lograría concentrar el esfuerzo de 14 años de trabajo y más de 22.000 folios de presentaciones administrativas y judiciales en estas muy precisas materias, para reducirlas a la frivolidad de un documento de 2 carillas anticipador de laxitudes, que se cayó solo hace ya 3 años, sin necesidad de empujones judiciales. Bastaron media docena de Cartas documento a los firmantes del preacuerdo.

La sentencia de abstracción del mismo, a qué dudar, algo más que cierta, elevó al rango de “suprema legalidad” meras disquisiciones formales en desmedro de todas las Resoluciones Hidráulicas denunciadas que regalaban arbitrios imposibles;dejando sin resolver las controversias que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

Especificidades fácticas, axiológicas y esenciales que referidas a principios ambientales dan soporte preventivo y precautorio a las primarias claras identidades de las cosas que estas causas hospedan.

Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06

En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, (la verdad objetiva) dice “Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el trámite de la causa y con esa intervención, superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos 326:1512 y sus citas)”.Así nos consagramos a los Principios que proclama el art 4º, ley 25675.

La importancia de esta causa radica en su reiterada materia preventiva ya expresada en la Causa B 67491/03, obrante en la Secretaria de Demandas Originarias de la SCJPBA, en la que fue aceptada mi participación como tercero para contribuir con la presentación del estudio hidrológico de las cuencas Pinazo Burgueño con la modelación matemática de más alta resolución y testimonios vecinales poniendo en caja sus variables, como nunca antes se había alcanzado en la provincia. En el 2007 le siguió el trabajo de hidrología del Luján efectuado por el INA que fuera costeado por el Estado Italiano, de mayor envergadura, pero menor resolución y carencia de testimonios vecinales para ajustar la modelación, que de hecho probó al llegar a las áreas de pendientes mínimas a partir de Zelaya, gruesos errores.

Las advertencias que surgen de la causa 71193 cuya decena de agravios quedaron perdidos sin la más mínima consideración en todas las instancias que atravesó la causa, son aún más relevantes que las advertencias aportadas a la causa B 67491, pues el proyecto de marras ocupa suelos inmediatos vecinos aguas abajo; esto es, en clara peor situación.

 

Conclusión

Comencé estas tareas un 6 de Noviembre de 1996; y después de haber presentado en administración y Justicia más de 22.000 folios, el no haber recibido nunca una mínima respuesta resolutoria final favorable a mi comunidad, -para mi persona nunca he pedido NADA-, no me hace sentir que abandono por tristeza esta tarea, sino más bien, multiplicando mis esfuerzos, advierto estar haciendo lo contrario.

Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas

Calcando sus términos, las 3 sentencias nunca apreciaron hacer lugar a ninguno de los agravios aquí planteados y tantas veces reiterados Por ello:

agradeciendo a mi Querida Musa Alflora Montiel,

 

Petitorio

solicito a VE se resuelvan todas las cuestiones que fueron apuntadas por este actor, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.

Se reconozca el derecho, los intereses tutelados y la declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo que, claramente inubicable, aparece en todas las Resoluciones Hidráulicas denunciadas, regalando arbitrios imposibles;y se resuelvan las controversias que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

Recordar lo omitido y por ello despreciado en la causa JCA Nº2 de La Plata exp 10662, H. Cámara exp 10808 y Excma SCJPBA exp 71193, sea Prudencia amasada 14 años para honrar el sacrificio que cargan V.E.

Francisco Javier de Amorrortu . Ignacio Sancho Arabehety T 40 F 47

 

 

ANEXO I .

Sentencia de la E.SCJPBA denegando recurso extraordinario federal

La Plata, 2 de Marzo de 2011 -RESOLUCION REGISTRABLE Nº 28

"DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA".

-RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-.

 AUTOS Y VISTOS:

1. Francisco Javier de Amorrortu inició demanda contencioso administrativa con el propósito de impugnar la legalidad del Acta de Preacuerdos Interministerial de fecha 30 de noviembre de 2005 suscrita en el marco de un conflicto de límites de tierras (fs. 18/28).El Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 2 de La Plata hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada (fs. 149/152).

Por su parte, la Cámara del fuero con asiento en La Plata confirmó el fallo atacado. Para así decidir destacó, al igual que el juez de grado, que el Acta referida no cumplimentaba el requisito contemplado en el art. 14 inc. 1 "a" del Código Contencioso Administrativo, ya que no es un acto definitivo sino preparatorio para futuros actos tendientes a la realización de las pautas allí acordadas (fs. 189/191).Frente a lo así decidido, el accionante dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 194/223 vta.), el que fue concedido (fs. 225/226).

2. Al respecto cabe destacar que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, correspondiendo vincular tal concepto con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado (conf. doct. Ac. 99.424, 11-III-2009; Ac. 105.472, 12-VIII-2009; Q. 70.383, 4-VIII-2010).

En consecuencia, el fallo impugnado que, conforme surge de la reseña efectuada, declaró inadmisible la pretensión con sustento en la ausencia de un acto final y definitivo suficiente para habilitar la instancia de control procurada en la demanda, no encuadra en el supuesto precedentemente mencionado

Asimismo, no se observa en el sub lite un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, toda vez que el embate se vincula a cuestiones de derecho local que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (C.S.J.N., Fallos 310:1542, 325:2192).

Por ello, se desestima el recurso extraordinario interpuesto (arts. 278, C.P.C.C.; 60 C.C.A.).Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

Hilda Kogan, Presidente, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri,Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud .  Juan José Martiarena, SecretarioRegistrada bajo el Nº 28

Notificación del 11 de Abril del 2011 que fue firmada por el actor el mismo día 11/4 en Mesa de Entradas de la Sec de Demandas Originarias.

 

ANEXO II . SENTENCIA DE LA H. CAMARA DE APELACIONES

De fecha 31 de Agosto de 2010. Por dicha resolución , se decidió:Rechazar el recurso de apelacion de la parte actora y confirmar el pronunciamiento atacado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (conf. arts. 14 inc. 1° ap. a), 31, 55 inc. 2° ap. a), 56, 58, 59 y cones., CCA).

Costas de la instancia en el orden causado (art. 51, CCA).

Por su actuacion profesional en segunda instancia, regulanse los honorarios de los letrados, Ores. Sancho Arabehety y Mario Augusto Caparelli, en las sumas de pesos doscientos ($ 200,00) y pesos ciento ochenta ($ 180,00), cantidades a las que se debera adicionar el 10% (arts. 12 inc. a y 16, ley 6716 y modif.; 10, 15, 31, 49, 54, 57 y cones., dec.-ley 8904/77).

Registrese, notifiquese y oficiese, devolviendo la causa al juzgado de origen, por Secretaria.Registrado bajo el Nº 930 (I)

 

ANEXO III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia recaída en primera instancia, emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Nª 2 de La Plata de fecha 5 de Mayo de 2010, resolvió: FALLO: 1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. “i”, 36 inc. 2°, ap. “c” y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101). 2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).Regístrese y notifíquese. Fdo. Ana Cristina Logar. Jueza.”

 

ANEXO IV Ver por http://www.lineaderibera.com.ar/linea11s.html

INTERPOSICION RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY en SCJPBA

 

ANEXO V . Textos de los art 28 y 168 de la Constitución Prov.; art 5, 6, 8, 10 al 23, 39 inc a, b y f; art 45 y 46 de la ley prov 11723;art 59 de la ley 8912; art 3º y 5º del decreto 11368/61;art 4º, ley 6253; art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, regl. de la ley 8912.

 

Artículo 28 de la CP.-Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.

 

Artículo 168 de la CP.-Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.

Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.

 

De la ley Prov 11723

ARTÍCULO 5°: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2°, así como también de los principios de política ambiental que a continuación se enumeran:

Inciso a): El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe efectuarse de acuerdo a criterios que permitan el mantenimiento de los biomas.

Inciso b): Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.

Inciso c): La restauración del ambiente que ha sido alterado por impactos de diverso origen deberá sustentarse en exhaustivos conocimientos del medio, tanto físico como social; a tal fin el estado promoverá de manera integral los estudios básicos y aplicados en ciencias ambientales.

Inciso d): La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios, y la situación socioeconómica de cada región atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones.

Inciso e): El Estado Provincial promoverá la formación de individuos responsables y solidarios con el medio ambiente. A tal efecto la educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la definición y búsqueda de una mejor calidad de vida.

 

ARTÍCULO 6°: El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran. (Por ley 11.737 - Modificatoria ley 11.175 - de Ministerios. El organismo se denomina “Secretaria de Política Ambiental”. Por Decreto 4732 - Artículo 1° así lo dispone.)

 

ARTÍCULO 8°: Lo prescripto en el artículo anterior será aplicable:

a) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios y aprovechamiento de recursos naturales:

1.    Para la realización de obras públicas.

2.    Para las autorizaciones de construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios.

3.    Para las autorizaciones relativas al uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general.

4.    Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso anterior a los efectos de inducir su adecuada localización.

5.    Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciónes o permisos para el uso y aprovechamiento de aguas.

6.    Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciónes para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres.

 b) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos: 

1.    Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos y destinos del suelo urbano y rural.

2.    Para los programas del gobierno y su financiamiento destinados a infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.

3.    Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda.

 

ARTÍCULO 10°: Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley.

 

ARTÍCULO 11°: Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de aplicación en virtud del artículo 13°.

 

ARTÍCULO 12°: Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización y/o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el artículo 10, la autoridad competente remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que crea oportunas a fin de que aquella expida la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

 

ARTÍCULO 13°: La autoridad ambiental provincial deberá:

Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por artículo 10°. 

Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto.

Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio.

 

ARTÍCULO 14°: La autoridad ambiental provincial o municipal pondrá a disposición del titular del proyecto, todo informe o documentación que obre en su poder, cuando estime que puedan resultar de utilidad para realizar o perfeccionar la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL exigida por la presente ley.

 

ARTÍCULO 15°: La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL se presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla.

 

ARTÍCULO 16°: Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán solicitar las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas por las personas obligadas en el artículo 11°. La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter.

 

ARTÍCULO 17°: La autoridad ambiental provincial o municipal según correspondiere arbitrará los medios para la publicación del listado de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas para su aprobación, así como del contenido de las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL del art 19°.

 

ARTÍCULO 18°: Previo a la emisión de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, la autoridad ambiental que corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. Asimismo cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos fines.

  

ARTÍCULO 19°: La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y, en su caso las recomendaciones emanadas de la audiencia pública convocada a tal efecto.

 

ARTÍCULO 20°: La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL constituye un acto administrativo de la autoridad ambiental provincial o municipal que podrá contener: 

Inciso a): La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada. 

Inciso b): La aprobación de la realización de la obra o de la actividad peticionada en forma condicionada al cumplimiento de instrucciones modificatorias;

Inciso c): La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada.

 

ARTÍCULO 21°: Se remitirá copia de todas las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL emitidas por la autoridad provincial y municipal al Sistema Provincial de Información Ambiental que se crea por el Artículo 27° de la presente ley.

Las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL también podrán ser consultadas por cualquier habitante de la Provincia de Buenos Aires en la repartición en que fueron emitidas.

 

ARTÍCULO 22°: La autoridad ambiental provincial o municipal que expidió la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL tendrá la obligación de verificar periódicamente el cumplimiento de aquellas. En el supuesto del artículo 20° inciso c) la autoridad ambiental remitirá la documentación a su titular con las observaciones formuladas y las emanadas de la audiencia pública en el supuesto del artículo 18°, para la reelaboración o mejora de la propuesta.

 

ARTÍCULO 23°: Si un proyecto de los comprendidos en el presente Capítulo comenzará a ejecutarse sin haber obtenido previamente la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Asimismo se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: 

Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación.

Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.

 

ARTÍCULO 39°: Los principios que regirán la implementación de políticas para la protección y mejoramiento del recurso agua, serán los siguientes:

a) Unidad de gestión. 

b) Tratamiento integral de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico. 

f) Participación de los usuarios.

 

ARTÍCULO 45°: Los principios que regirán el tratamiento e implementación de políticas tendientes a la protección y mejoramiento del recurso suelo serán los siguientes:

a) Unidad de gestión. 

b) Elaboración de planes de conservación y manejo de suelos. 

c) Participación de juntas promotoras, asociaciones de productores, universidades y centros de investigación, organismos públicos y privados en la definición de políticas de manejo del recurso. 

d) Descentralización operativa. 

e) Implementación de sistemas de control de degradación del suelo y propuestas de explotación en función de la capacidad productiva de los mismos.

f) Implementación de medidas especiales para las áreas bajo procesos críticos de degradación que incluyan introducción de prácticas y tecnologías apropiadas. 

g) Tratamiento impositivo diferenciado.

 

ARTÍCULO 46°: La autoridad provincial de aplicación deberá efectuar:

a) Clasificación o reclasificación de suelos de acuerdo a estudios de aptitud y ordenamiento en base a regiones hidrogeográficas. 

b) Establecimiento de normas o patrones de calidad ambiental. 

c) Evaluación permanente de su evolución tendiendo a optimizar la calidad del recurso.

 

Art. 59 de la ley 8912 - Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo.

Tendrá un ancho de cincuenta (50) metros a contar de la línea de máxima creciende en el caso de cursos de agua y de cien (100) metros medidos desde el borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica. Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se regirá por normas específicas.

 

Decreto 11368/61, regl de la ley 6253/60

ARTICULO 3.- En los casos previstos en el artículo 4º de la Ley 6253, los interesados deberán presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regu1ador” del municipio respectivo. Cuando sea necesaria la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica)

ARTICULO 5.- En los ríos, arroyos, canales y lagunas, cuando la zona de "conservación de los desagües naturales”, determinada por desbordes extraordinarios, supere los cien (100) metros de ancho; podrá reducirse dicha zona a esta última magnitud, contada a partir del borde superior del curso ordinario, siempre que se efectúen obras de relleno aprobadas por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica).

ARTICULO 3. - Exceptúanse de las prohibiciones establecidas en el art. 1°:

a) Las Islas del Delta del Paraná:

b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral público y/o

privado, a satisfacción de los organismos pertinentes:

c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presente ley.

 

Art. 101º de los decretos 1359/78 y 1549/83,

reglamentarios de la ley 8912 . Se entenderá por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el asentamiento poblacional.

Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos sin fijar, terrenos inundables, carencia de agua potable, contaminación de napas y cualquier otra situación asimilable.

Los servicios de agua corriente o cloacas no serán exigibles cuando se asegure a las parcelas la dotación de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la fuente de aprovechamiento de agua.

“Para establecer la restricción limitativa de la edificación será necesario el dictado de decreto por el Poder Ejecutivo, requiriéndose igual acto administrativo para su levantamiento”.